Esta nota la hisieron llegar a mi correo un amigo (Erick Pacas) y les invito a leerla:¿Cuánto tiempo hace que nos atrevemos a reconocer la corrupción como una enfermedad que reclama medidas enérgicas, de curación y de profilaxis? Muy pocos meses, evidentemente. Porque ¿cómo se podría llamar el fallo emitido en 1994 por la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional lo actuado por el Tribunal Supremo Electoral al cancelar a los partidos PCN y PDC al no obtener el 3% de los votos válidos? O ¿el inconstitucional nombramiento como magistrados propietario y suplente de Julio Moreno Niños y Oscar Morales por su pertenencia partidaria y no surgidos de la sociedad civil como establecen las leyes electorales?
O ¿cómo se podría calificar ese coto de caza que tiene el Partido de Conciliación Nacional en la Corte de Cuentas de la República? Don Hernán Contreras tiene más de 20 años de ser el presidente de esta institución supuestamente establecida para velar por la honestidad de los funcionarios y el buen manejo de los dineros del Estado. Están los pavorosos casos de corrupción en la ANDA, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), los Ministerios de Obras Públicas, Gobernación y Salud Pública. ¿Dónde están los 705 millones de dólares desaparecidos como por arte de magia en 1990 con la privatización del sistema financiero nacional? Y podríamos seguir con esa larga lista.
En el presente tenemos que convivir con la resaca y el mal sabor de boca de los años terribles de la corrupción. En los “tiempos de Conciliación” (como se llama al largo y penoso periodo de los gobiernos del PCN) se dieron escandalosos hechos de corrupción, como aquella “mordida de tu vida”, para graficar las “ganancias” obtenidas por el presidente Arturo Armando Molina, en la construcción de la presa hidroeléctrica el Cerrón Grande; pero todos casos de corrupción eran debidamente ocultados por la misma militarización de la sociedad salvadoreña y, por supuesto, avalados por la poderosa oligarquía que veía en ello una forma de “pagar” los servicios prestados por su aparato de represión.
Arena, el PCN y el PDC han sido parte activa de todo un engranaje de corrupción, sus votos y su accionar se han unido para aprobar leyes y mantener un estado de cosas favorable a la insaciable burguesía. El solo hecho de no aprobar una Ley de Medicamentos para reducir las enormes ganancias de las farmacias, los laboratorios y los importadores de medicinas, expresa claramente a quienes sirven, de que lado están sus preferencias y cómo la población más vulnerable tiene que soportar y pagar por la espesa corrupción que cubre todos los estamentos de la sociedad salvadoreña. La corrupción, pues, se daba en años pasados y también en el presente. El mal estaba lo suficientemente difundido como para reclamar medidas enérgicas, en el tratamiento y en la prevención. En el caso particular de la Fiscalía General de la República y en la Corte de Cuentas se han nombrado y se han mantenido determinados “personajes” al frente de esas instituciones porque es una manera “legal” de frenar las investigaciones y mantener “libre de culpa” a los corruptos. El actual presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, en un acto repudiado por la población, le entregó el finiquito al ex presidente de la república, Antonio Saca, acusado públicamente por el ex presidente Alfredo Cristiani, de haber robado dos millones de dólares.
Es decir, todos dentro o fuera del gobierno siguen señalando a la corrupción como uno de los males de la “democracia” salvadoreña; pero en tantos casos se habla de forma genérica y no se señalan culpables ni se dan nombres de funcionarios vinculados a ella. Cuando en casos ya demasiados públicos por indiscreción ajena o simple descuido del “paciente”; cuando los síntomas se han hecho tan evidentes mostrados hasta en la cara del “enfermo”, se organiza de inmediato, una conspiración de silencio o se acude a campañas mediáticas o tirar cortinas de humo para ocultar los penosos casos. Ha ocurrido recientemente con un ex ministro de Salud Pública y lo ha sido con el ex presidente Antonio Saca. Tanto ayer como ahora, nunca fue necesario dictar consignas, se giraran instrucciones o se hicieran recomendaciones precisas. Los miembros de la administración pública a que pertenecía el enfermo de corrupción, han sabido como tratar los diferentes casos, cubriéndolos con un solidario velo de misterio. ¿Verdad señor Hernán Contreras? La vergüenza de la corrupción no debe lastimar el “buen nombre” de Arena, PCN o PDC o de sus “honorables” dirigentes, ni mucho menos lesionar la dignidad de la autoridad ni menoscabar la majestad de la investidura democrática.
Las sigilosas maniobras de los colegas del enfermo de corrupción, no siempre han dado buenos resultados. Es decir, pese a las complicidades de silencio y a las confabulaciones de discreción o maniobras propagandísticas, la opinión pública ha reconocido los síntomas y ha diagnosticado la enfermedad. Uno de los peores señalados por cierto es el eterno secretario general del PCN, Ciro Cruz Zepeda, quien toda su vida ha vivido “mamando” de la teta del Estado. Además ha sido señalado públicamente como reo de corrupción y no fueron pocos los “representantes” populares sentenciados por ese delito en los espontáneos y anónimos tribunales ciudadanos. Los fallos también han sido dados institucionalmente por el pueblo al decretar la extinción de los partidos políticos PCN y PDC en las elecciones presidenciales de 1994.
Con la actual administración muchos casos de corrupción han sido revelados y las pruebas se han entregado a la Fiscalía General de la República. Al respecto, uno tiene que pensar que, descubierto el origen de todos los males, y contando con los recursos necesarios para eliminarlo, está salvado. Está salvado el país, y quedarán salvados los ciudadanos. Si la corrupción es la causante de todos los padecimientos, éstos desaparecerán junto con la corrupción. Si los focos de contagio están localizados, bastará con aislarlos y someter a los pacientes a un tratamiento severo, para evitar que el mal cunda y la propagación continúen. Pero falta nombrar en la Fiscalía General de la República y en la Corte a personas honorables, transparentes y honestar para cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero pasan las semanas, se convierten en meses. Y las leyes no aparecen, y las medidas no se dictan. ¿Es que se cree que señalar la enfermedad es lo mismo que curarla? Si eso está sucediendo, deben ponerse las cosas en claro.
Con reconocer en los discursos que la corrupción lo invade todo; con llevar la corrupción a los informes, con maldecirla y condenarla, la corrupción no desaparece. Como los campesinos no adquieren parcela por hablar de la Reforma Agraria, o los pacientes no tienen medicinas por padecer simplemente de alguna enfermedad, o el costo de la vida no baja por negar el aumento en los precios. Si la corrupción es la causante de todos los males nacionales, debe combatirse. Combatirla en serio. A desterrarla de la administración pública. Debe tenerse valor de admitir que la corrupción no se combate formando jurados populares a carteros miserables o a agentes de tránsito codiciosos y estúpidos. Deben abrirse juicios a los (ex) y funcionarios que el pueblo, la opinión pública, tiene señalados como reos de corrupción. Así, quizás, algún día podamos proclamar que la democracia está funcionando y que se tiene por norma trabajar y servir a los más caros intereses de la nación.
